A- de 2024

Como antecedentes de este proveído se tiene que a la Corte Constitucional llegó un expediente para su eventual revisión, pero no con una sentencia de tutela, sino con un auto de rechazo que profirió el juez de instancia, con fundamento en que la parte accionante no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos en la inadmisión de la acción.

La Sala recordó que, cuando este tipo de expedientes se seleccionan, el juicio de revisión que hace la Corporación se limita a verificar si el rechazo se ajustó a lo establecido por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 o, si en su defecto, se vulneró el derecho de acceso a la justicia, usando argumentos contrarios a la naturaleza sumaria, informal y garantista de la herramienta constitucional.

Realizado el respectivo análisis, se concluyó que el juez vulneró el derecho de acceso a la justicia porque la objeción que formuló no fue razonable puesto que del escrito de tutela se desprendía con mediana claridad, no solo los hechos que cimentaban la necesidad de acudir al mecanismo constitucional para un sujeto de especial protección, sino las pretensiones, los derechos fundamentales presuntamente vulnerados y los entes a quienes se les endilgó la responsabilidad.

A pesar de lo anterior, se consideró que no se justificaba la resolución del caso en sede de revisión, porque se constató que existía una sentencia de tutela que tuvo identidad de partes, de hechos y pretensiones y que, además, concedió el amparo invocado y en la que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, porque no fue seleccionada por la Corte.

Por lo anterior, se dejó en firme las providencias de inadmisión y rechazo mencionadas y se advirtió al juzgado de instancia que, en lo sucesivo, se abstenga de aplicar indebidamente el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia.